En
el Consejo de Ministros celebrado hoy se ha aprobado la modificación de la Ley
de Bases de Régimen Local, bajo el grandilocuente nombre de Ley para la
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Los
motivos alegados por el ejecutivo para esta reforma se sustentan en 3
objetivos:
·
Racionalizar
la estructura organizativa de la Administración Local,
·
Clarificar
las competencias municipales y
·
Garantizar
su control financiero y presupuestario.
Sin
embargo, la bondad de estos objetivos se ven falseadas por la realidad del
texto que el Consejo de Ministros acaba de aprobar. Los objetivos básicos de esta
reforma no son otros que: despojar a los vecinos y vecinas de los
municipios del acceso cercano y directo a los servicios de competencia
municipal, también proceder a privatizar servicios que actualmente desarrollan
los municipios para sacarlos del Sector Público hacia las cuentas de beneficios
de las empresas privadas y proceder al adelgazamiento (despidos) de las
plantillas de empleados públicos de la Administración Local.
Esta
reforma es un auténtico atentado a la
autonomía municipal pues limita de
forma considerable las competencias que pueden ser desarrolladas por el
Ayuntamiento –en nuestro caso el Ayuntamiento de Zaragoza-, al mismo tiempo que
“centraliza” su gestión para poner cortapisas a su gestión cercana y
participativa de los vecinos y vecinas de Zaragoza, y por ende a su capacidad
de demanda de servicios que se verán alejados tras la entrada en vigor de esta
reforma. Aunque la reforma introduzca
medidas populares de reducción de cargos públicos y de libre designación
esconde la conversión de los cargos de
concejales en “funcionarios interinos”, ya que pone innumerables cortapisas
a la acción política en las entidades locales, destinándoles por tanto la
misión de trasladar a los vecinos y las vecinas la imposibilidad legal de sus
demandas ante la administración más cercana.
Pero,
como plataforma de empleados, lo que más
nos preocupa y observamos que más afecta es en el empleo, primer problema
ciudadano en la actualidad. Esta reforma
necesariamente implicará:
·
Destrucción de empleo directo:
desde el mismo momento en que existirán competencias –las anteriormente
definidas como voluntarias- que deberán abandonarse de la gestión pública,
expulsándolas del Sector Público hacia el privado.
·
Proceso de privatización de
competencias obligatorias: La
Reforma impulsa la privatización de aquellas competencias obligatorias que con
la financiación del Ayuntamiento –y transferencia estatal- no cubra toda su
gestión. Este hecho demuestra la
verdadera intención del ejecutivo estatal por convertir los servicios públicos
en negocios para las empresas, puesto que objetivamente siempre es más cara la
prestación a través de una empresa que debe obtener un beneficio industrial, y
que basa su eficiencia en una reducción sustancial de la calidad del servicio.
·
Imposibilidad de creación y disolución
de aquellas sociedades o entidades públicas empresariales municipales que no se
autofinancien. Esto conllevará la imposibilidad de
remunicipalización de aquellos servicios que el ayuntamiento externalizó en el
pasado y, por tanto, la posibilidad de revertir los beneficios empresariales en
creación de empleo directo o mejora de las condiciones laborales de los
actuales trabajadores/as.
·
Papel principal al Convenio entre
administraciones frente a la creación de entidades estables.
Esta reforma limita toda posibilidad de creación de entes que hagan
posible la ejecución de los derechos laborales a la estabilidad del
empleo. El convenio entre administraciones
lo que único que fomenta es la inestabilidad de los trabajadores (contrato por
obra o servicio determinado –el propio convenio-) y la inestabilidad del propio
servicio que podrá ser disuelto o disminuido en cualquier momento por la
administración conveniante.
Por
todo ello desde esta plataforma denunciamos que la única pretensión de esta
reforma es la disminución del gasto público y la transferencia hacia el sector
privado de un nicho de negocio que lleva años intentando capturar, todo ello en
detrimento de la democracia, el empleo y los derechos laborales.
Una
última reflexión nos lleva a llamar la atención hacia el sector que más fuerte se golpea en esta reforma, la ASISTENCIA
SOCIAL, que relega al desarrollo por parte de los ayuntamientos a la mera
Evaluación, información, orientación y asesoramiento de situaciones de
necesidad social y atención a situaciones de emergencia social, algo que
incidirá de forma notable –más ahora en la actual crisis capitalista- en los
vecinos y vecinas de Zaragoza y que, tras los recortes en Educación y Sanidad,
reducirán los derechos básicos ciudadanos a tiempos pasados.
Hasta
la fecha esta plataforma ha realizado una labor de concienciación y prevención
de los efectos de esta Reforma. A partir
de ahora esta plataforma luchará
para evitar sus efectos y estará junto a
las entidades ciudadanas en la defensa de los servicios que disponen los
vecinos y vecinas de Zaragoza, junto con
aquellos grupos políticos que defiendan la autonomía municipal como base de
una democracia cercana y participativa, y
con las organizaciones sindicales que defiendan el empleo existente,
principal problema que actualmente tiene la ciudadanía.
Un saludo,
No hay comentarios:
Publicar un comentario