El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha elaborado un estudio sobre las consecuencias que para esta entidad podría tener el anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local, al menos según el último borrador. De este modo, la primera evaluación llevada a cabo por los servicios municipales arroja cifras nada halagüeñas, sobre todo en materia de empleo, dado que quedarían en la cuerda floja los puestos de un total de 745 trabajadores que forman parte del personal eventual, el 15% de la plantilla.
"Por los datos que se conocen y, a falta de que se apruebe el texto definitivo, esta ley tendrá un gran impacto en el ayuntamiento", aseguró ayer el vicealcalde Fernando Gimeno, en la comisión de Economía. El peligro en los puestos de trabajo del personal eventual radica en que el espíritu de la norma es despojar a las entidades locales de todas aquellas competencias no previstas en el ley, además de abocar a la supresión de las sociedades municipales que no cumplan los requisitos de estabilidad presupuestaria. Es decir, quesobraría el personal que actualmente está realizando estas tareas.
SOLUCIÓN Por el momento el Gobierno municipal está trabajando ya en una solución que impida la desaparición de estos organismos públicos: la creación de entidades públicas empresariales de cada área, una opción que, si recaba el consenso necesario, podría ayudar a sortear la futura ley. Porque el anteproyecto determina la desaparición de estas sociedades si no son sostenibles financieramente. Y una debería ser disuelta "de inmediato", según avanzó Gimeno. Sería el caso de la VivirZaragoza, una sociedad que el consistorio mantiene con Ibercaja en materia de vivienda.
Pero el anteproyecto cuenta también con una cuantificación económica y podría afectar a "66,3 millones" en partidas que actualmente se destinan a estas políticas, además de en una disminución de ingresos de 6,8 millones, a los que se añadirían otros 4,6 millones en transferencias. Ante estas cuentas, Gimeno aseguró que la prioridad del Gobierno municipal es "garantizar los servicios públicos a los ciudadanos" y también asegurar "el personal de esta casa". En consecuencia, ya se ha encargado que cada servicio realice una previsión de viabilidad.
Las cifras fueron tachadas de "alarmantes" por CHA, cuyo edil Carmelo Asensio pidió al consistorio "seguir trabajando" en esta línea. Una postura beligerante ante la futura ley que también adoptó el portavoz de IU, José Manuel Alonso. "En el mejor de los casos, la propuesta del PP forzaría a incrementar tasas y precios públicos, en el peor, supondría la eliminación de proyectos vitales para la ciudad", apuntó Alonso, que presentó a Gimeno una batería de preguntas para conocer el alcance de la reforma.
DESAPARICIÓN Así, se verían abocadas a su desaparición --si no fructifica la solución de las entidades empresariales que está ultimando el consistorio--, las escuelas infantiles municipales, la Universidad Popular, las escuelas de enseñanzas artísticas, el patronato de bibliotecas y gran parte del Instituto Municipal de Empleo y Fomento. Y también los programas en políticas de igualdad.
De este modo, en Acción Social, detalló Gimeno, podrían peligrar un total de 159 puestos de trabajo, que se traducirían en 23 millones de euros menos en gasto corriente y cinco millones de euros menos en ingresos. "O se sube el pago a los ciudadanos o la única solución sería externalizar", indicó Gimeno.
